Nuevo liderazgo de la mujer: Del estilo masculinizado al liderazgo femenino real.

Nuevo liderazgo de la mujer: Del estilo masculinizado al liderazgo femenino real..

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Diversidad para salir de la crisis

Diversidad para salir de la crisis.

DDHH: Yo quiero que a mi me quieran

DDHH: desde dónde educarlos

No se puede educar desde cualquier lugar ni desde cualquier disposición interior. En nuestros profundos fracasos educativos en realidad lo que falla no es la teoría o el conocimiento, sino el lugar desde donde pretendemos educar o actuar como educadores. Es pertinente recordar al respecto aquella frase de Engels (que ya es casi un refrán popular) de que “no se piensa lo mismo desde una choza que desde un palacio”. Tan simple afirmación constituye, sin lugar, una de las conquistas más profundas e importantes del pensamiento contemporáneo. Lo que está afirmando Engels con su “perogrullada” es que, aunque la verdad sea absoluta, no lo es nuestro acceso a ella. Es decir, que aunque sea posible para la persona un cierto acceso real a la verdad, ese acceso nunca será “neutro” e incondicionado. Nosotros deberíamos completar el “efecto” de la afirmación de Engels diciendo que “no se siente (se ve o se experimenta) la realidad lo mismo desde una choza que desde un palacio”.

Esto es de capital importancia para educar en los derechos humanos. Aún suponiendo la mejor intención, la mejor buena voluntad y los mejores talentos intelectuales, hay lugares desde los que, simplemente no se ve, no se siente la realidad que nos abre a los derechos humanos, al amor y a la solidaridad. Porque nadie puede pretender mirar o sentir los problemas humanos, la violación de los derechos y de la dignidad humana, el dolor y el sufrimiento de los otros, desde una posición “neutra”, absoluta, inmutable, cuya óptica garantizaría total imparcialidad y objetividad. Entonces hay lugares, posiciones personales, desde los que simplemente no se puede educar en derechos humanos. La cosa es así de simple, y así de grave caer en la cuenta de ello y sacar las consecuencias. ¿Dónde estoy parado, dónde están mis pies en mi quehacer educativo? Porque la cuestión es saber si estoy ubicado en el “lugar educativo” correcto para mi tarea.

El lugar educativo es tan o más decisivo para la tarea que la calidad de los contenidos (derechos humanos, valores, etc.) que quiero comunicar o contagiar. Urge pues, en la mayoría de los casos, una ruptura epistemológica. La clave para entender esto se encuentra en la respuesta que cada uno demos a la pregunta por el “desde dónde” educo y actúo, la pregunta por el lugar que elijo para mirar el mundo o la realidad, para interpretar la historia y para ubicar mi práctica educativa.

El eminente educar Ignacio Ellacuría, asesinado vilmente en El Salvador por unos militares oscurantistas, hablando de la opción por los pobres que había hecho la Universidad Centroamericana de la que era Rector, decía que (la tarea educativa) implica “primero, el lugar social por el que se ha optado; segundo, el lugar desde el que y para el que se hacen las interpretaciones teóricas y los proyectos prácticos; tercero, el lugar que configura la praxis y al que se pliega o se subordina la praxis propia”.

Y en la raíz de la elección de este lugar social está la indignación ética que sentimos ante la realidad de la violación de la dignidad y los derechos de la persona concreta: el sentimiento de que la realidad de injusticia que se abate sobre los seres humanos es tan grave que merece una atención ineludible; la percepción de que la propia vida perdería su sentido si fuera vivida de espaldas a esa realidad.

Para educar en derechos humanos es obligatorio adoptar el lugar social de la víctima. El punto de vista de los satisfechos y los poderosos termina inevitablemente enmascarando la realidad para justificarse. Nunca será posible educar para ser humanos desde la óptica del centro y el poder, ni siquiera desde una pretendida neutralidad. Esa práctica educativa estará condenada de antemano a quebrarse y a caer sobre sí misma cuando afronte la prueba de los hechos, como le ocurrió al jesuita de Camus en La Peste.

La tragedia de muchos educadores es que han buscado eliminar la compasión y el dolor, actúan no desde el corazón sensible que encuentra los medios adecuados, sino desde otras “razones” que lo único eficaz que han encontrado es anestesiar la lucidez y profundidad del corazón para no sentirlo. Y terminan por quedarse sin corazón. Es lo que Antonio Machado expresó en la copla: “En el corazón tenía/ la espina de una pasión/ logré arrancármela un día/ ¡ya no siento el corazón!…” Los educadores que pretenden esquivar la herida que provoca la opción por el lugar social de las víctimas, que pretenden no sufrir en su opción haciéndose blindados e insensibles, se han “enmorfinado” en su tarea, se han narcotizado para esquivar las consecuencias de esta opción que se vislumbran desde el lugar educativo correcto. Y lo hicieron por el peor camino: el que les “arrancó el corazón” y les hizo incapaces de entender la violación a los derechos humanos.

¿Cómo educar sin actuar desde el lugar debido? Porque no desde cualquier lugar de práctica educativa se puede discernir y actuar correctamente y con fruto.

Parece que los educadores a veces no aprendemos más que la mitad de la lección.

Nos afanamos en conocer y prepararnos pero estando ubicados en un mal sitio, y por eso no vemos nada con nitidez. Es como si nos ubicáramos frente a un espejo en el que nuestra propia imagen ocupa todo y no vemos a los otros más que a través de nosotros mismos. Ese es el problema de la educación, nuestra práctica educativa está condenada a un mero reflejo de nosotros mismos porque nos ubicamos en el lugar incorrecto.

Luis Pérez Aguirre

El factor C: el futuro es de la sensibilidad social.

El Caparazón – España

Sobre inteligencia colectiva, colaboración, etc., hay que estar atentos al Centro de inteligencia colectiva del MIT, instituto creado para entender cómo se desarrolla esta nueva y prometedora posibilidad para el ser humano.

Una investigación reciente aporta nuevas claves sobre el tema de la Inteligencia colectiva, para las que la competencia individual parece ser un valor en alza.

En grupos pequeños, cuando hablamos de trabajo colaborativo, se investiga alrededor de un  “factor C”´como elemento estadístico que pueda predecir la efectividad de un grupo en la resolución de determinadas tareas, más allá de la inteligencia individual de sus miembros.

Y parece que el factor C, elemento importante en la construcción de la llamada “actitud 2.0”, depende de la sensibilidad social y la voluntad de dejar a todos/as hablar por igual.

Malone desde el MIT, con Anita Woolley lo describían en 2010:  Todo el mundo habla de cómo las mujeres poseen mejores habilidades relacionales, que influyen en cómo colaboran en equipos, titulares como el de este post confirman estereotipos importantes en la cultura occidental…y resulta que sí, que la sensibilidad social es el ingrediente esencial del factor C y correlaciona positivamente con el sexo femenino de los participantes. No se trata tanto de la presencia de mujeres como de la medida en que se ponen en funcionamiento en los grupos esta habilidad en particular.

Los resultados de la investigación indican que sorprendentemente muchas variables de sentido común, como la cohesión del grupo, la motivación y la satisfacción, no parecen importar demasiado. Por contra, los elementos que definían el factor C eran: Altos niveles de sensibilidad social entre los miembros del grupo. Altos niveles de cosas compartidas, de comunicación. La presencia de más mujeres.

Una explicación más profunda indica que hacer que todo el mundo participe o por lo menos permitirles la oportunidad de compartir son elementos clave para potenciar la inteligencia colectiva.  También que en el MIT estudiaban no solo el habla sino también formas de comunicación no verbal, los signos sobre cómo se sentía la gente al ser escuchada también. Por último, la sensibilidad social como se mide en estos experimentos es similar a la empatía, la interpretación de cómo se sienten los demás en base a pequeñas claves. Como curiosidad, existe un test en inglés, “Reading the Mind In the Eyes Test”que podemos hacer  online y que parece medirla.

En fin… nada que nos sorprenda demasiado si pensamos en que parece este tipo de cualidades están vinculadas al  hemisferio derecho, es cultural pero no biológicamente predominante en las mujeres y que son las que algunos autores determinan como más adaptativas para la sociedad red.

Lo decía Daniel Pink en  The Whole new mind, que debemos reinvindicar el uso del hemisferio derecho de nuestros cerebros para la humanidad, que la evolución que siempre describimos a menudo hacia la sociedad creativa (de la que también hablaba Richard Florida), derivará en un ser humano más completo, menos determinado por características tradicionalmente vinculadas a hombres o mujeres, superando, hombres y mujeres, limitaciones de género.

Enfoque de derechos humanos en las estrategias de desarrollo y de erradicación de la pobreza*

Desde hace algunos años, diversas iniciativas han integrado un enfoque de derechos humanos en las estrategias de desarrollo y erradicación de la pobreza . Al respecto, en el ámbito de Naciones Unidas se han producido notables avances hacia la mayor confluencia posible entre el lenguaje
del desarrollo y el lenguaje de los derechos.

Un enfoque basado en los derechos humanos ha sido definido de la siguiente manera: “[E]s un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo” .

Según este enfoque, las políticas públicas y las estrategias de desarrollo deben tener como fundamento y punto de partida los principios y estándares de los derechos humanos. Diversas propuestas han surgido en orden a establecer los alcances de este enfoque. En términos generales, podemos señalar las siguientes características centrales :

1) El empoderamiento de los sectores excluidos y de los ciudadanos para impulsar la exigencia de sus derechos. Ello implica un cambio de lenguaje. En efecto, no se trata de aludir a “personas con necesidades no cubiertas” sino a “sujetos con derechos exigibles que generan obligaciones para el Estado”.Lo anterior implica entender como inherente a los derechos la existencia de mecanismos de monitoreo, rendición de cuentas y justiciabilidad, es decir, el entendimiento de los derechos como derechos exigibles. Además, ello requiere la participación libre y activa –particularmente de sectores marginados y excluidos– en la implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas económicas y sociales.

2) La responsabilidad estatal es entonces un eje central en las estrategias de desarrollo y reducción de la pobreza. Rendir cuentas es una obligación para todos los actores que tienen incidencia en el desarrollo. De allí el papel central de las obligaciones asumidas en el derecho internacional de los derechos humanos y la proyección de las mismas en el cumplimiento de los compromisos constitucionales a nivel interno.

3) La pobreza es entendida como privación de libertades básicas. En este sentido, depende de factores económicos y sociopolíticos que incluyen la exclusión social, la discriminación y las condiciones estructurales que fomentan la marginalidad .

4) Protagonismo del principio de igualdad tanto formal como material, con especial énfasis en los grupos de especial protección y en situación de vulnerabilidad e indefensión.

5) Protagonismo del principio de dignidad humana. Este principio concreta la interdependencia entre los derechos y permite la lectura de derechos civiles básicos, como el derecho a la vida, en términos de los derechos sociales básicos.

6) Interdependencia, interrelación e indivisibilidad de los derechos.

7) Garantía de derechos con pertinencia constitutiva para las estrategias de desarrollo (capacidades básicas, derecho a la alimentación, derecho a la salud) así como derechos con pertinencia instrumental para prevenir la pobreza (derechos civiles y políticos como libertad de expresión, participación política, acceso a la información, rendición de cuentas, entre otros) .

La interrelación entre las estrategias de desarrollo y el enfoque de derechos debe complementarse con un concepto de ciudadanía social. Una primera formulación de la ciudadanía social se desprende del entendimiento de la ciudadanía como posesión de derechos,

*Protección Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales: Óscar Parra Vera-María Aránzazu Villanueva Hermida-Agustín Enrique Martí
Sistema Universal y Sistema Interamericano Instituto Interamericano de Derechos Humanos
Con el apoyo de: Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo – Fondo de Población de las Naciones Unidas
© 2008 Instituto Interamericano de Derechos Humanos.

Paradigmas?: El velo islámico

Es interesante apreciar las distintas miradas que sobre un mismo objeto simbólico podemos tener las personas.

Estoy realizando un curso de DDHH a través del MEC y se ha planteado una discusión sobre el uso del velo en las mujeres musulmanas. Me parece interesnte compartir los aportes de alguna/os compañeros de grupo.

Artículo de Mario Vargas Llosa publicado en 2007:

La Generalitat, o Gobierno autónomo de Cataluña, ha obligado a un colegio público de Gerona a admitir a Shaima, una niña marroquí de ocho años, que desde hacía una semana faltaba a clases porque las autoridades del plantel le habían prohibido el ingreso mientras llevara el hiyab o velo islámico. El director fundó la prohibición en el reglamento del colegio, que rechaza en el atuendo de los alumnos “cualquier elemento que pueda causar discriminación”. Por su parte, la Generalitat considera que “el derecho a la escolarización” debe prevalecer sobre las normas internas de los centros educativos.
A diferencia de lo que ocurre en países como Francia o el Reino Unido, donde hay leyes sobre el uso del velo islámico en las escuelas públicas, en España no existe legislación al respecto y hasta ahora el permiso o la prohibición de llevarlo estaba librado al criterio de los propios centros de enseñanza. Lo ocurrido con la niña marroquí establece un precedente que, de prevalecer y extenderse, abriría las puertas de la instrucción pública al llamado multiculturalismo o comunitarismo. A mi juicio, semejante perspectiva es sumamente riesgosa para el futuro de la cultura de la libertad en España.
A primera vista, semejante afirmación parecerá a algunos exagerada o apocalíptica. ¿Qué puede tener de malo que una pobre criatura, acostumbrada por la religión y las costumbres de su familia a tocarse con el hiyab lo siga haciendo en las aulas escolares? ¿No sería una crueldad obligarla a destocarse y lucir los cabellos a sabiendas de que, para sus creencias y usos comunitarios, tal cosa sería tan traumático como para las niñas cristianas exigirles mostrar el busto o las nalgas? De allí a considerar que prohibir el velo islámico a las niñas en los colegios públicos es prejuicio antimusulmán o etnocentrismo colonialista y racista hay sólo un paso cortito.
Sin embargo, no es tan sencillo. El velo islámico no es un simple velo que una niña de ocho años decide libremente ponerse en la cabeza porque le gusta o le es más cómodo tener los cabellos ocultos que expuestos. Es el símbolo de una religión donde la discriminación de la mujer es todavía, por desgracia, más fuerte que en ninguna otra -en todas ellas, aun las más avanzadas, se discrimina aún a las mujeres-, una tara tradicional de la humanidad de la que la cultura democrática ha conseguido librarnos en gran parte, aunque no del todo, gracias a un largo proceso de luchas políticas, ideológicas e institucionales que fueron cambiando la mentalidad, las costumbres y dictando leyes destinadas a frenarla. Una de esas grandes conquistas es el laicismo, uno de los pilares sobre los que se asienta la democracia. El Estado laico no está contra la religión. Por el contrario, garantiza el derecho de todos los ciudadanos de creer y practicar su religión sin interferencias, siempre y cuando esas prácticas no infrinjan las leyes que garantizan la libertad, la igualdad y demás derechos humanos que son la razón de ser del Estado de Derecho.
Los colegios públicos de un Estado laico no pueden ser confesionales, porque si lo fueran y privilegiaran a una religión sobre otras, o sobre los no creyentes, ejercerían una discriminación inaceptable en una sociedad de veras libre. En ésta la religión no desaparece, se confina en el ámbito privado, fuera de las escuelas y las instituciones públicas. Los creyentes pueden constituir escuelas privadas de carácter confesional, desde luego, o impartir en las iglesias o en el seno de las familias todas las doctrinas y creencias en las que quieren educar a sus hijos. Pero la religión no puede invadir el dominio público sin que principios básicos de la cultura democrática, sobre todo la igualdad y la libertad de los ciudadanos, se resquebrajen y se establezcan privilegios y jerarquías abusivas.
El velo islámico en las escuelas públicas es una cabecera de playa con la que los enemigos del laicismo, de la igualdad entre el hombre y la mujer, de la libertad religiosa y de los derechos humanos, pretenden alcanzar unos espacios de verdadera extraterritorialidad legal y moral en el seno de las democracias, algo que, si éstas lo admiten, podría conducirlas al suicidio. Porque con el mismo argumento con que se pretende que el hiyab sea admitido en las escuelas se puede exigir, también, como han hecho y conseguido los islamistas en algunas ciudades de Europa, que haya piscinas municipales separadas para hombres y para mujeres pues para las hembras musulmanas resulta impúdico compartirlas con los varones. Y, si se trata de respetar todas las culturas y las costumbres ¿por qué la democracia no admitiría también los matrimonios negociados por los padres y, en última instancia, hasta la ablación del clítoris de las niñas que practican tantos millones de creyentes en el África y otros lugares del mundo?
El multiculturalismo parte de un supuesto falso, que hay que rechazar sin equívocos: que todas las culturas, por el simple hecho de existir, son equivalentes y respetables. No es verdad. Hay algunas culturas más evolucionadas y modernas que otras, y aunque es verdad que aun en las culturas más primitivas existen prácticas, usos y creencias que han enriquecido la experiencia humana y enseñanzas que las otras pueden aprovechar, también lo es que en muchas culturas sobreviven prejuicios y conductas bárbaras, discriminatorias y hasta criminales que ninguna democracia puede admitir en su seno sin negarse a sí misma y retroceder en el largo camino de la civilización que lleva andado.
Francia, donde el tema del velo islámico es objeto de viejos e intensos debates, lo ha entendido así y ha dado un buen ejemplo al resto de los países democráticos prohibiendo por ley, desde 2004, “el uso de elementos ostentatorios de carácter religioso en las escuelas e institutos públicos del país”. Al principio, esta medida fue considerada por algunos supuestos “progresistas” como reaccionaria y sustentada en un prejuicio contra los inmigrantes de origen musulmán. No lo era. Por el contrario, su razón profunda es dar la oportunidad a todos, extranjeros y nacionales, de cualquier raza, cultura o religión, de trabajar y vivir en Francia en un ambiente de legalidad y libertad que les permita seguir practicando todas sus creencias y costumbres que sean compatibles con las leyes vigentes. Y, desde luego, renunciando a las que no lo sean, como hicieron las iglesias cristianas en el pasado, cuando tuvieron que acomodarse a las sociedades abiertas. Si se considera que la democracia ha significado un extraordinario avance sobre los regímenes despóticos y absolutistas de antaño, es difícil entender que ella pueda ser sólo válida para los demócratas y que los países democráticos, en nombre de la falacia de la equivalencia absoluta de las culturas, admitan en su seno enclaves antidemocráticos o prácticas reñidas con los principios básicos de la igualdad y la libertad.
Quienes defienden el multiculturalismo y el comunitarismo tienen una idea estática y esencialista de las culturas que la historia desmiente. Ellas también evolucionan, de acuerdo al avance de la ciencia y los intercambios que son cada vez más frecuentes en el mundo moderno de ideas y conocimientos que, poco a poco, van transformando convicciones, prácticas, creencias, supersticiones, valores y prejuicios. Un musulmán moderno de, digamos, el Líbano o El Cairo tiene muy poco que ver con los musulmanes fundamentalistas de Darfur que arrasan aldeas y queman a familias enteras por ser paganas y ponerlos dentro de la misma etiqueta cultural es tan absurdo como considerar idénticos, por ser cristianos, a los católicos generalmente tolerantes y democráticos de las sociedades abiertas de nuestros días con los inquisidores o los cruzados medievales que torturaban y asesinaban en nombre de la cruz. Si los países democráticos quieren ayudar de algún modo a que la religión musulmana experimente el mismo proceso de secularización que ha permitido a la Iglesia Católica adaptarse a la cultura democrática, lo peor que podrían hacer es renunciar a logros tan importantes como el laicismo y la igualdad para no parecer etnocentristas y prejuiciosos. No hay etnocentrismo alguno, sino universalismo y pluralismo estrictos, en no hacer concesiones en la defensa de los derechos humanos y de la libertad.
El sistema francés me parece más claro y más eficaz que el adoptado por el Reino Unido, donde el Estado ha transferido a los colegios e institutos de enseñanza la decisión de autorizar o prohibir el uso del velo islámico en las aulas. Pero esta potestad sólo vale en lo que concierne a los estudiantes. En cambio, las maestras están prohibidas de dar clases veladas, según una decisión del Poder Judicial del año pasado, luego de que una profesora se presentara en el aula británica embutida en un niqab, especie de carpa vestuario que cubre el cuerpo femenino de pies a cabeza. ¿No es absurdo que se prohíba a las maestras lo que se permite a las alumnas o viceversa?
En las fotos de la prensa de esta mañana, Shaima, la niña marroquí de ocho años, sonríe feliz con sus grandes ojos porque podrá ir al colegio portando el velo que, según le enseñó su abuelita, deben llevar siempre las buenas creyentes. ¿Seguirá siendo tan feliz ahora convertida en la excepción a la regla en su colegio? Yo creo que las buenas almas de la Generalitat catalana la han condenado a la infelicidad.
© Mario Vargas Llosa, 2007. © Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Diario EL PAÍS, SL, 2007.

 

Otra mirada

Los símbolos religiosos en la escuela  ¿Doble rasero para cofias y sotanas?
Los musulmanes españoles apelan a la Constitución y piden libertad e igualdad de trato
JUAN G. BEDOYA  –  Madrid   –  EL PAÍS  –  Sociedad – 04-10-2007

“Es un derecho constitucional, el derecho a la propia imagen. En el islam es una opción personal. No se puede imponer el velo, pero tampoco se puede prohibir”. Es la tesis, expresada con energía, casi con cansancio (por tanto repetirla) del presidente de la Junta Islámica Española, el psiquiatra cordobés Mansur Escudero. Su vicepresidente, Abdelkarin Carrasco, lamenta que este tipo de “incidentes se saquen del contexto religioso”.
Mansur y Carrasco fueron cristianos antes de convertirse al islamismo. Conocen, por tanto, cómo son las ceremonias del catolicismo, y la diversidad de interpretaciones que tienen los velos de la mujer en las misas. Y cómo una exigencia religiosa se convierte al fin en un hábito social. Con el velo musulmán, en su opinión, pasa lo mismo. Termina siendo una manifestación cultural, más que religiosa.
El asunto, por tanto, es la libertad: el derecho a vestir como se quiera. Y, sobre todo, se trata de un problema de igualdad. Shaima, la niña musulmana vetada en un colegio público de Girona, tiene tanto derecho a acudir a clase con un pañuelo blanco en la cabeza por la mañana y otro verde y amarillo por la tarde, como el cura que da clase de religión en el mismo colegio a vestir larga sotana negra con blanco alzacuello, la monja a cubrirse la cabeza y media frente con una cofia, o el chico del Opus Dei a llevar un vistoso crucifijo en la pechera. Salvo que una norma general decida algo concreto para todos, por ejemplo la vuelta a un uniforme, como en la Francia del presidente Nicolas Sarkozy, la libertad de Shaima no puede tener cortapisa alguna, de momento. Su opción por el velo, aun por indicación de sus padres -como cualquier otro niño en su edad-, es constitucional, inatacable.
España no ha asumido aún, con normalidad, el derecho a la diferencia -y a la igualdad de trato- entre religiones. Dos ejemplos, uno de 2002 en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), y otro algo más cercano, en una comisaría de policía en Granada. En este último caso, se trató de dos jóvenes musulmanas (de nacionalidad española) que acudieron a sacarse el carné de identidad. O se quitaban el velo, o no había DNI. Decenas de monjas lo habían obtenido allí mismo sin problema, vestidas con impolutas cofias.
El otro episodio ocupó espacios de gran audiencia en las televisiones. En las imágenes, dos mujeres, también: una monja concepcionista argumentando por qué su colegio en El Escorial negaba la entrada a la niña Fátima Elidrisi porque iba con el hiyab (pañuelo) cubriéndole la cabeza. La monja, directora del centro, exponía sus argumentos vestida con cofia y largo hábito. Sorprendía que no hubiera caído en la cuenta del detalle. El colegio era concertado -pagado con fondos públicos-. Finalmente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, buscó a la atribulada adolescente del pañuelo islámico un hueco en otro colegio, público por supuesto.
El uniforme de las alumnas concepcionistas era antaño bien vistoso. Tocadas con un casco de fieltro que parecía de soldado alemán, vestían un traje gris con tablas adornado con una banda azul, a modo de cíngulo de castidad. Aún hoy, no hay nada más parecido a un hiyab marroquí que los velos cristianos de las concepcionistas y tantas otras animosas congregaciones dedicadas a la docencia.
El Gobierno descarta decidir contra el velo islámico (que muchas veces no es más que una convención cultural), porque entonces debería legislar sobre asuntos que en el pasado armaron grandes revuelos eclesiásticos. Por ejemplo, la episcopal guerra de los crucifijos, en la década de los noventa del siglo pasado -la decisión, nunca ejecutada del todo, de retirar de las escuelas el crucifijo que presidía cada aula.

La protección internacional de los DDHH – Roberto Puceiro Ripoll

Protección jurídica de los DDHH a nivel internacional

  1. La Carta de Naciones Unidas: hace referencia a los DDHH en el Preámbulo, en los Propósitos de la Organización y en el capítulo Cooperación Internacional Económica y Social establece que promoverá la protección de los DDHH y las libertades individuales
    y encomienda a la Asamblea General a hacer estudios e investigaciones con el cometido de hacer efectivo el cumplimiento de los DDHH. También establece que el Consejo Económico y social podrá hacer recomendaciones al respecto. Las disposiciones en la carta tienen un carácter general y establecen grandes líneas sobre las normas que los Estados miembro deben seguir al respecto.
  2. La Declaración Universal de DDHH: Aprobada el 10 de Diciembre de 1948. Ha adquirido fuerza como un conjunto de principios a seguir por los Estados, que son invocados por todos e incluso influyeron en las constituciones y legislaciones internas, y en los acuerdos internacionales. Su intento de regulación dio lugar a la generación de dos Pactos, atendiendo a la diversidad de países integrantes, el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
  3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: Establece el Derecho a la libre determinación, el Respeto y Garantía para el cumplimiento de los Derechos establecidos en el Pacto para todas las personas sin ningún tipo de distinción; el compromiso de adoptar medidas para su cumplimiento; brindar garantías concretas en caso de violación al Pacto; la posibilidad de suspensión de las obligaciones contraídas en el Pacto en caso de que peligre la vida de la Nación; la salvaguarda de los derechos, más allá de los propios Estados. El Pacto en su cuerpo enumera además los derechos que comprende y crea un Comité de DDHH que se constituye en su órgano de  instrumentación. Los Estados parte deben presentar informes sobre las disposiciones que hayan adoptado y su evolución. A su vez el Comité puede recibir denuncias de algún Estado contra otro mediante una serie de instancias que necesariamente deben cumplirse.
  4. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: órgano que habilita la denuncia de individuos frente al Comité en relación al incumplimiento de los Estados del Pacto, la que deberá cumplir una serie de requisitos preestablecidos.
  5. Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a abolir la pena de muerte: los Estados se comprometen a no implementarla o a abolirla.
  6. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: también establece el derecho a la libre determinación; efectividad y garantías, que a diferencia de los derechos civiles y políticos, admiten una progresividad en su aplicación pero manteniendo en todos sus términos la no discriminación; las limitaciones que solo podrán concebirse en caso de protección del bien general; la salvaguarda en su cumplimiento. Se establece la enumeración de los derechos protegidos; la forma de control a través de informes; y los regímenes específicos de protección de algunos derechos incluidos en otros documentos de orden internacional.

Protección de los DDHH en el sistema Interamericano

  1. Carta de Organización de Estados Americanos y sus desarrollos: en 1948, en sus Principios estableció “Los Estados Americanos proclaman los derechos fundamentales de la persona humana sin hacer distinción de raza, nacionalidad, credo o sexo” y establece además
    que “el Estado respetará los derechos de la persona humana y los principios de la moral universal” por lo que de alguna manera imponen a los Estados su cumplimiento. Esto se efectiviza en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948 y en la creación en 1959 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Más tarde se completan los hitos con la Convención Interamericana sobre DDHH, en 1978, denominada Pacto de San José de Costa Rica.
  2. Convención Interamericana sobre DDHH: los Estados se obligan a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a adoptar para ello las medidas legislativas internas necesarias. La convención enumera los derechos civiles y políticos protegidos y se remite a la
    carta de la OEA para los derechos económicos, sociales y culturales. Establece la posibilidad de suspensión y por un tiempo limitado de garantías y aplicación; los deberes de las personas y las medios de protección (Comisión Interamericana de DDHH y la Corte Interamericana de DDHH).

Fuente: La protección internacional de los DDHH – Roberto Puceiro Ripoll, Curso DDHH, MEC.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos: funciones y otros aspectos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante la CIDH o la Comisión) es uno de los dos órganos de supervisión y vigilancia del Sistema Interamericano de protección de tales derechos (el otro es la Corte Interamericana de Derechos Humanos). Fue creada durante la V Reunión de Consulta de Ministros de Asuntos Exteriores en 1959.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos actúa en representación de todos los países miembros de la OEA. Está integrada por siete miembros independientes elegidos por la Asamblea General de la OEA que se desempeñan en forma personal sin representar a ningún país en particular2. Además, los comisionados no pueden participar en el debate o decisión sobre ninguna materia referida al Estado del cual sean nacionales. La Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estatuto de la Comisión y su Reglamento representan el marco jurídico que fija la organización y funciones de la CIDH. Tiene su sede en Washington, D.C. y entró en funciones en 1960. Conforme a su estatuto, la Comisión recibió una serie de atribuciones.

Entre ellas se encontraban la preparación de estudios e informes que considerara necesarios para el desempeño de sus funciones; la promoción de los derechos humanos; la formulación de recomendaciones a los gobiernos en estas materias; la solicitud de información a los Estados acerca de las medidas adoptadas a nivel interno; y el servir como órgano de consulta de la OEA en materia de derechos humanos. Según el Estatuto, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre sería el parámetro conforme al cual la Comisión evaluaría la situación interna de los Estados.

El Estatuto facultaba a la Comisión para trasladarse al territorio de cualquier Estado de la OEA previa autorización del mismo. Esta atribución en la práctica contribuiría muy pronto a darle visibilidad y reconocimiento a la Comisión a nivel de la población de los Estados, aumentando el impacto de sus actividades.

En su primer período de sesiones, la Comisión le hizo saber a los organismos políticos de la OEA que sus facultades “no le permitirían realizar la misión que los pueblos de América pueden esperar de ella en defensa de los derechos humanos, pues ha considerado que su deber no debe limitarse a la simple promoción del respeto de esos derechos, sino que está obligada a cuidar de que ellos no sean violados”. Durante los años siguientes la Comisión plantearía reiteradamente esta enmienda, hasta obtener finalmente su aprobación. Cabe hacer notar que desde que entró en funciones la Comisión comenzó a recibir tales denuncias, sin que las declarara inadmisibles; éstas, en cambio, le servirían de base para la elaboración de informes sobre países, requiriendo en una serie de oportunidades informaciones de los Estados respectivos acerca de lo señalado en las denuncias.

Durante casi 20 años en un contexto de numerosos gobiernos dictatoriales y hasta la entrada en operaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 1979, la Comisión fue el único mecanismo de protección de tales derechos en el sistema interamericano. En estas circunstancias, y dado que las dictaduras violaban los derechos humanos en gran escala y de manera sistemática, la Comisión utilizó como principal mecanismo para abordar tales violaciones la preparación y publicación de Informes sobre países. En ellos se revisaba la situación general de los derechos humanos en determinados países, con especial atención a los atentados contra el derecho a la vida, a la práctica de la tortura y la detención y prisión arbitraria de personas. Durante sus primeros años de funcionamiento la Comisión elaboró Informes sobre Cuba, Ecuador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Cabe mencionar que Cuba fue suspendida de sus derechos como miembro de la OEA en 1962, sin perjuicio de lo cual la CIDH consideró que mantenía competencia respecto de dicho país al no haber Cuba denunciado la Carta de la OEA.

En 1966 la Comisión adquirió también la función de tramitar y decidir acerca de denuncias en materia de derechos humanos.

En el período 1960-1990 la publicación de Informes sobre países continuó siendo la tarea principal de la Comisión. Había dos razones básicas para ello.  En la elaboración de los Informes sobre países, la Comisión recurrió desde un comienzo a las visitas in loco, es decir, visitas al lugar donde las presuntas violaciones habían ocurrido. Cabe destacar, que la Comisión está facultada a procesar denuncias relativas a Estados partes de la OEA que no son parte de la Convención Interamericana.

 Funciones de la CIDH

Aunque la Comisión posee una amplia variedad de funciones, para efectos de su exposición sistematizada las analizaremos en los siguientes términos:

  • Preparar informes sobre países
  • Realizar visitas in loco;
  • Desarrollar un trabajo especializado en ciertas áreas temáticas
  • Llevar a cabo acciones de promoción
  • Conocer y resolver denuncias en casos específicos

 

Informes sobre países

La Comisión prepara y publica los Informes sobre países de dos maneras. La primera consiste en un informe dedicado exclusivamente a un país. Éste puede llegar a ser muy extenso (más de 100 páginas) y usualmente es precedido por una visita al Estado respectivo, salvo que éste no autorice a la CIDH para ingresar a su territorio. La segunda es un informe más breve que se incorpora en el Informe Anual de la Comisión. Estos últimos pueden o no ser precedidos de una visita de la Comisión o de algunos de sus miembros al país.

El impacto de los Informes sobre Países se ha visto favorecido porque para su preparación la Comisión ha recurrido desde un comienzo a las visitas in loco. Este mecanismo ha probado ser crucial para realzar el perfil de la Comisión, puesto que es justamente durante tales visitas que su labor alcanza su mayor cobertura de prensa, además de atraer la atención de las autoridades estatales, de las víctimas y de otras personas e instituciones interesadas  en las condiciones de los derechos humanos en el país sede de la visita. De hecho, la Comisión usualmente recibe nuevas denuncias durante estas visitas. Incluso en los casos en que la Comisión no es autorizada para visitar un país, el solo hecho de la falta de autorización tiende a producir interés en la opinión  pública y coloca a las autoridades estatales en la necesidad de ofrecer explicaciones por su rechazo.

Con motivo de los procesos de transición a la democracia en casi la totalidad de los Estados de la OEA, la preparación y publicación de Informes sobre Países por parte de la Comisión fue replanteada. En estas circunstancias la Comisión explicitó en 1997 una serie de criterios –vigentes actualmente– para la determinación de los países que se hacen merecedores de Informes:

  • Cuando se trata de Estados regidos por gobierno que no han llegado al poder por elecciones populares, por el voto secreto, genuino, periódico y libre, según normas internacionalmente aceptadas;
  •  Cuando se trata de Estados donde el libre ejercicio de los derechos consignados en la Convención Americana o la Declaración Americana ha sido en efecto suspendido, en su totalidad o en parte, en virtud de la imposición de medidas excepcionales, tales como el estado de
    emergencia, el estado de sitio, prontas medidas de seguridad y demás;
  • Cuando existen pruebas fehacientes de que un Estado comete violaciones masivas y graves de los derechos humanos garantizados en la
    Convención Americana, Declaración Americana y demás instrumentos de derechos humanos aplicables, siendo motivo de especial preocupación en este caso las violaciones de los derechos que no pueden suspenderse, como las ejecuciones extrajudiciales,
    la tortura y la desaparición forzada;
  • Cuando se trata de Estado que se encuentran en un proceso de transición de cualquiera de las tres situaciones arriba mencionadas;
  • Cuando existan situaciones coyunturales o estructurales que afecten seriamente derechos humanos, incluyendo situaciones graves de violencia, graves crisis institucionales, procesos de reforma institucional con graves incidencias negativas para los derechos humanos, u omisiones graves en la adopción de medidas necesarias para hacer efectivos los derechos humanos.

La Comisión adoptó como una práctica –que posteriormente incluyó en su Reglamento–el enviar al Estado sobre el cual trata el Informe una copia del Proyecto del mismo. De este modo, el Estado puede hacer las observaciones que le parezcan pertinentes. Posteriormente la Comisión elabora una versión final del Informe.

Cabe añadir que el sistema de Informes sobre Países de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los que prepara la ONU son complementarios, sin que exista un problema de duplicidad por el hecho de que diferentes órganos internacionales elaboren informes paralelamente.

 

Visitas in loco

Las visitas consisten en delegaciones de los miembros de la Comisión y de los abogados que los apoyan que acuden a los diferentes países de la OEA y mantienen reuniones con autoridades y miembros de la sociedad civil, además de trasladarse a distintos puntos del país para tomar conocimiento acerca de la situación en materia de derechos humanos.

Las visitas pueden tener diferentes propósitos. Ellas pueden estar destinadas a estudiar la situación general de los derechos humanos en el país que se visita. También es posible que se realice para verificar la situación de un derecho específico o situación particular, como, por ejemplo, para estudiar la situación de los pueblos indígenas en un país o sus condiciones carcelarias. Asimismo la visita puede estar relacionada con la necesidad de obtener información respecto de una o más denuncias pendientes ante la Comisión.

Una visita de la Comisión también cumple funciones de prevención de violacionesfuturas, dado que en muchas oportunidades ella, al dar a conocer la situación de los derechos humanos en un país, contribuye a que la opinión pública tanto a nivel nacional como internacional se informe, exija el respeto de los derechos y ejerza una mayor fiscalización sobre las autoridades estatales. Las visitas también cumplen una labor educativa y de promoción de los derechos humanos.

Para que la Comisión pueda realizar una visita siempre se requiere de una autorización del Gobierno. La forma en que se consigue dicha autorización varía de caso en caso. Una visita se puede dar por una invitación motu proprio del Gobierno, aunque casi siempre es la propia Comisión la que le solicita al Gobierno que la invite.

Entre las razones que llevan a la Comisión a tomar la decisión de realizar una visita in loco en un país está la acumulación de denuncias por violaciones de derechos humanos, especialmente cuando de ellas se pueda inferir un cuadro sistemático de violaciones graves. La Comisión también puede solicitar autorización para realizar una visita in loco con el propósito de estudiar el progreso que se haya dado en el área de los derechos humanos a partir de sus últimas observaciones en el país.

La duración de una visita depende del tamaño del país, de la gravedad de la situación y de la agenda de trabajo que se tenga. La Comisión usualmente se entrevista con el Presidente de la República o quien sea el Jefe del Poder Ejecutivo, con miembros del Congreso y del Poder Judicial. También suele reunirse con Ministros relevantes en materia de derechos humanos. En muchos casos, la CIDH solicita reuniones especiales como otras personas relevantes. Por lo general la Comisión visita cárceles, cuarteles militares, tribunales, etc.

Todas las entrevistas que sostiene y la documentación recolecta le permiten a la Comisión formarse una opinión general sobre lo que sucede en el país.

Para poder desempeñar libremente sus funciones la CIDH requiere de una serie de garantías de parte del Gobierno. En particular, el Gobierno debe conceder a la Comisión todas las facilidades necesarias para llevar a cabo su tarea. Entre los aspectos más relevantes se cuenta el que el Gobierno deberá comprometerse a no tomar represalias de ningún orden en contra de las personas o entidades que cooperaron con la Comisión proporcionándole informaciones o testimonios. El cumplimiento de esta obligación del Gobierno es fundamental para el éxito de una visita.

La Comisión en la mayoría de los casos emite un informe luego de realizar una visita in loco. Dicho informe no solamente relatará las actividades que realizó sino que principalmente describirá la situación que encontró, la analizará a la luz de las obligaciones internacionales del país y emitirá recomendaciones al Gobierno para mejorar la situación de los derechos humanos en el país.

Trabajo temático especializado a través de relatorías y otros mecanismos

Desde la década de los noventa la Comisión ha venido desarrollando una serie de iniciativas de carácter temático, es decir, referidas a algún derecho o derechos en particular o a determinados colectivos vulnerables. Esto resulta complementario a los Informes sobre Países, que dicen relación con la situación general de los derechos humanos en un Estado específico. En este sentido, han sido elaborados Informes sobre temas tales como la situación de los derechos humanos de las mujeres, de las personas privadas de libertad, las condiciones de los trabajadores migratorios y sus familias, etc. Este trabajo se ha venido desarrollando especialmente a través de las relatorías temáticas que la Comisión ha creado en los últimos 15 años.

Con mayor o menor intensidad, dependiendo en buena medida de los recursos disponibles, estas relatorías efectúan estudios, realizan visitas a algunos países, efectúan un acompañamiento de la tramitación de denuncias y de medidas cautelares, y participan en la elaboración de algunos instrumentos internacionales.

Labores de promoción de los derechos humanos y otras iniciativas

Labores de promoción. Estas labores, que la CIDH emprende a través de seminarios, publicaciones, pasantías y otros medios, se han referido básicamente a tres grandes ámbitos: la difusión de los derechos humanos en general, la promoción del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos y la educación acerca de la necesidad de incorporar los derechos humanos en el orden jurídico interno.

El primero de los aspectos mencionados se refiere a las tareas llevadas a cabo por la Comisión respecto a la necesidad de que la población de los países del continente tome conciencia acerca de sus propios derechos.

El segundo ámbito apunta a las labores de promoción que la Comisión ha emprendido en orden a hacer saber a los habitantes del hemisferio acerca de la existencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como los pasos básicos que ellos deben dar para interponer
denuncias ante la Comisión. Dado que la Comisión, salvo situaciones muy excepcionales, carece de los medios para llevar a cabo investigaciones motu proprio, depende en una importante medida de la iniciativa de la sociedad civil para conocer de las violaciones a los derechos humanos.

El tercer y último ámbito está referido a las labores de promoción destinadas a resaltar la necesidad de incorporar los derechos humanos en el orden jurídico interno. Los órganos internacionales cumplen un rol subsidiario, en el entendido de que, en condiciones normales, los órganos internos están en posición de resolver de manera más pronta y eficaz las situaciones de vulneración de derechos.

Otras actividades de la CIDH. Entre éstas resaltan la participación de este organismo en la preparación de tratados y declaraciones sobre derechos humanos y el ejercicio de una función consultiva en la OEA.

 Tramitación de casos específicos

La Comisión es competente para recibir y procesar denuncias sobre casos específicos en los cuales se alegan violaciones a los derechos humanos  formuladas por cualquier persona, grupos de personas u organizaciones no gubernamentales (ONGs) reconocidas por cualquier Estado miembro
de la OEA. También puede interponer denuncias un Estado contra otro, pero ello sólo ha ocurrido en una oportunidad, cuando en 2006 Nicaragua presentó una denuncia en contra de Costa Rica.

Con la presentación de una denuncia, la Comisión da inicio a un proceso semijudicial de investigación.

En esta tarea, la Comisión tiene también el rol de procurar que se alcance una solución amistosa entre los denunciantes y los representantes del Estado en términos acordes con el marco normativo del Derecho Internacional y evitar así acudir a la Corte Interamericana. Sólo en el caso de no alcanzarse un acuerdo amistoso entre las partes y de que existan elementos suficientes para concluir que el Estado en cuestión vulneró derechos reconocidos en la Convención Americana, la Comisión procederá a decidir el fondo del caso y eventualmente enviarlo a la Corte.

Un punto importante que refleja las características sociales y políticas de la región es que las denuncias, de acuerdo al artículo 44 de la Convención Americana, pueden ser presentadas por cualquier persona u ONGs, es decir, la petición no está limitada a la víctima  ni
será necesario contar con su consentimiento.

Hay que tener en cuenta que un gran número de denuncias han estado relacionadas a desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, masacres y torturas, por lo que con buen criterio se acepta que ellas puedan ser presentadas por familiares, así como organizaciones de defensa de derechos humanos. Asimismo, el sistema interamericano no prevé un servicio de asesoría o patrocinio jurídico gratuito para las víctimas, por lo que el rol de las organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos en la región ha sido fundamental.

Las prioridades de la Comisión

En la actualidad la Comisión desarrolla como función prioritaria su sistema de casos. Asimismo, mantiene como aspecto prioritario de sus labores la preparación y publicación de Informes sobre Países, precedidas por visitas in loco cuando los Estados respectivos así lo autorizan. Aunque la CIDH reconoce la relevancia de sus demás tareas, su centralidad no es la misma que las dos antes mencionadas. La justificación para ello emana del carácter único que posee el sistema de casos ante la Comisión como mecanismo de acceso general para la presentación de denuncias, de tal modo que las víctimas de violaciones puedan llevar sus alegaciones ante la esfera interamericana.

En cuanto a los Informes sobre Países, ellos son prioritarios como una vía para seguir de cerca aquellas situaciones que a juicio de la Comisión resultan merecedoras de especial atención. Por lo que se refiere a la visitas in loco, además de servir para recabar información para la elaboración de Informes, ellas contribuyen de manera muy importante a dotar de visibilidad al trabajo de la CIDH en el Continente.

La autonomía funcional de la Comisión

Un elemento clave para el rápido potenciamiento que experimentó la Comisión desde el inicio de sus labores fue la calidad de expertos independientes que sus miembros poseen. Sin embargo, a pesar de que los comisionados tienen esa característica, el personal administrativo continúa dependiendo, desde el punto de vista jurídico, de la Secretaría General de la OEA. Esto significa que es el Secretario General quien designa a los funcionarios de la Comisión, incluyendo no solo a sus abogados sino también al Secretario Ejecutivo de la Comisión.
Como es obvio, esto limita a la CIDH, pues no puede seleccionar a su personal conforme a sus propios criterios y prioridades. El problema es aun más patente si se considera que los comisionados no ejercen sus labores a tiempo completo, sino que sesionan durante algunas semanas, en algunos momentos de cada año.

Fuente: Felipe González Morales – www.anuariocdh.uchile.cl – Curso DDHH – MEC

Liderazgo femenino

La mirada del liderazgo femenino a través de los ojos de un hombre:

http://www.apd.es/contenido/11206908-f8c6-4377-9385-a3ed2f19655e/21e9d539-3edd-4968-82ed-4242801048b5/La%20soledad.pdf

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